Nuestra economía ha sido capaz, en los últimos años, de crear empleo con crecimientos del PIB en torno al 1%, lo que no había ocurrido nunca y, sin embargo, es medida frecuente en el resto de las economías europeas, y sobre todo en USA. Antes, el PIB debía crecer por encima del 2,5% para que el empleo lo hiciera, lo que nos lleva a colegir que, si durante los próximos años crecemos como este año el doble de la media europea, podremos recuperar el empleo perdido durante la crisis, y situar la cifra de desempleo en torno al 8%, como en el 2007. Este es el vaticinio principal del Partido Popular en la presente campaña electoral. Por el contrario, PSOE y PODEMOS pretenden derogar la reforma laboral, al imputarle a ésta buena parte de los efectos trágicos que la crisis ha producido en materia de empleo, y C´s, sin pronunciarse de manera firme sobre la inmensa mayoría de las instituciones jurídicas que definen nuestra regulación laboral, sí insiste en afrontar la dualidad existente en nuestro mercado de trabajo entre fijos y temporales a través de la reforma del régimen de contratación, al subsumir todas las modalidades hoy existentes en una sola: el contrato único y de carácter indefinido. En realidad, C´s, con la indemnización creciente a abonar por la extinción de cada contrato en razón a la antigüedad de éste, empezando por 12 días, reducirían las indemnizaciones por despido, de modo que los 33 días por año de servicio serían el tope máximo de indemnización de un contrato extinguido una vez transcurridos más de 12 años del inicio del mismo. Sin embargo, la incorporación de la causa a dicho contrato único, para dotar a éste de visos de constitucionalidad, mantiene las opciones de que los despidos sean improcedentes, nulos  u objetivos; estos últimos, los más baratos del muestrario, 20 días por año de servicio con el tope de un año. De manera que, bajo la capa omnicomprensiva del contrato único, se ubican las alternativas temporales u otras con indemnizaciones tasadas más baratas en la misma medida en el que el contrato de que se trate no devengue demasiada antigüedad. Paradójicamente, al empresariado puede interesarle que ello no ocurra, lo que no resolvería la actual precariedad, sino que la incentivaría; llegamos fácilmente a la conclusión de que la oferta reformada de C´s no resuelve el problema principal, sino que en todo caso lo atenúa, sin que ello nos parezca extraño porque al fin a y a la postre es lo que en su día hizo la reforma laboral, producto del acuerdo entre los sindicatos UGT-CCOO y CEOE y CEPYME en el 97 del pasado siglo, reduciendo el coste del despido improcedente de 45 días y 3 años y medio de indemnización a 33 días y dos años.

El empresariado negocia con los sindicatos y representantes de los trabajadores los EREs, y directamente con los despedidos porque prefiere abonar una indemnización superior a 20 días que arrostrar el riesgo del pleito subsiguiente y de la ulterior y probable decisión contraria del juzgador declarando el despido improcedente, o lo que es peor, nulo, lo que impediría la opción indemnizatoria y retrotraería el proceso a su inicio. En realidad, de las resoluciones de contratos habidas entre enero y septiembre de 2015, en el 64% de los casos se ha tratado de una extinción natural del contrato por haber llegado este a su término, siendo el 36 por ciento restante despidos propiamente dichos; de estos últimos, el 84 por ciento de ellos fueron despidos individuales y el 7% colectivos. Pues bien, en la mayor parte de los supuestos, empleador y trabajador despedido han llegado a acuerdos en torno a los 30 días, dependiendo de la solvencia económica de la empresa en cuestión. De los despidos que resuelve el juez, un 63 por ciento de casos son declarados improcedentes, y procedentes, por estar adecuada la decisión a la causa esgrimida para justificarla, sólo un 17%. Los despidos disciplinarios en los que la causa justificativa de la decisión es inherente al trabajador, los jueces sólo declaran procedentes el 5% de los supuestos juzgados.

Desde 1984 hasta nuestros días, los sucesivos gobiernos han preferido precarizar la contratación laboral a cambio de no “tocar” el coste del despido.

Entra dentro de lo probable que, gobierne quien gobierne, retomará la reforma laboral producida en el 2012, evaluando sus efectos y resolviendo sus insuficiencias, a fin de conseguir un mercado de trabajo más estable que el actual.